En un proceso judicial se decide si alguien es culpable o no, si alguien mató, robó, cometió fraude, traficó droga, etc., también se decide si un contrato es o no válido, si se cometió un error al contratar con alguien, si un trabajador fue o no despedido injustamente, o si tiubo fraude en una elección. Por un lado, la investigación de la verdad en el derecho está sujeta a reglas y principios, de modo que la aportación de pruebas o la búsqueda de evidencia suelen ser actividades reguladas. Estas reglas determinan qué tipo de evidencia debe ser excluida y definir quién toma las decisiones. Por otro lado, quienes deciden tienen que sujetarse a estándares que intentan establecer qué tan seguros deben estar sobre las pruebas a valorar. Algunos de estos estándares de prueba son muy conocidos, como el usado en el derecho penal estadounidense que exige probar algo "más allá de toda duda razonable".
En la mayoría de los procesos legales hay algo que debe ser probado y que debe cubrir algún estándar. La prueba de los hechos constituye, por lo tanto, una de las actividades más importantes que involucra a los abogados, los jueces, los peritos así como las partes de un proceso.
Los trabajos que se presentan en este volumen abordan problemas en torno a la prueba, las reglas que rigen los procesos y los estándares de prueba que suelen usarse para determinar cómo ha de decidirse un caso; estos trabajos parten de diversos enfoques con el fin de esclarecer algunos de los problemas epistémicos, filosóficos, políticos y jurídicos relacionados con la prueba y el uso de estándares de prueba en actividades centrales para la administración de justicia. Los artículos corresponden a G. Guillaumin, M. Taruffo, J. Ferrer, L. Laudan, R. Alien, E. Liliquist, J.J. Orozco y J. Ortiz.
