En México, la implementación del sistema penal acusatorio marcó un cambio trascendental en la procuración e impartición de justicia. La reforma constitucional del 18 de junio de 2008, publicada en el diario oficial de la federación, estableció las bases de este nuevo modelo procesal, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la trasparencia en el desarrollo de los procedimientos penales. 

Uno de los pilares fundamentales de esta transformación fue la creación de los jueces de control, encargados de supervisar la legalidad de las detenciones y resolver, en audiencia oral, la imposición de medidas cautelares y providencias precautorias. Este mecanismo, regulado posteriormente por el código nacional de procedimientos penales, publicado el 5 de marzo de 2014, consolidó el llamado "control de la detención", asegurando que cada caso se sustente en principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de las personas. 

A través de un enfoque práctico y analítico, esta obra ofrece una visión detallada sobre el control de la detención, desde la intervención del primer respondiente hasta la puesta a disposición ante el ministerio público y el juez de control. Con un énfasis en el ámbito federal, el autor -servidor público de la fiscalía general de la república- aporta su experiencia profesional y académica, respaldando su análisis con normativa nacional e internacional, así como con criterios jurisprudenciales relevantes.