Los cambios en nuestra sociedad moderna se han ido acrecentando día con día en el siglo XXI, en ese tenor, nos hemos percatado que las revoluciones ya no son solo armadas, sino que precisamente la revolución en la actualidad se nos presenta en forma de re-evolución ideológica, de principios, de idiosincrasias, de modelos económicos y de sistemas jurídicos entre otros. En nuestro país, en el año 2001 a propósito del primer régimen presidencial del Partido Acción Nacional, y en reforzamiento a la cooperación incondicional con los Estados Unidos de Norteamérica, se comenzó a gestar una transformación al control social punitivo institucionalizado mejor conocido como Sistema de Justicia Penal, con el establecimiento de tres grandes pilares: Plataforma México (PÚBLICA, 2008)1, Iniciativa Mérida 2 (A.C., 2008) y el ASPAN. El 18 de junio de 2008 fue publicado el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (GOBERNACIÓN, 2008), lo que conocemos comúnmente como Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal” que da las bases para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. Dicha reforma constitucional se refiere a 10 artículos de los cuales, 5 de ellos 16, 17, 19, 20 y 21, son considerados como las bases constitucionales del Sistema Procesal Penal Acusatorio según lo establecen los artículos segundo y tercero transitorios del referido Decreto. Dicho sistema procesal deberá entrar en vigor en toda la República Mexicana tanto a nivel Federal como Local en todas las Entidades Federativas, en un plazo máximo de 8 años, es decir, para el 18 de junio de 2016 el proceso penal Acusatorio y Oral será aplicable de manera total en nuestro país. Cabe mencionar que desde la publicación del multireferido Decreto y hasta el mes de febrero de 2014 intervalo de más de 5 años, se realizaron múltiples acciones por parte de todos los sectores de gobierno involucrados en la instauración del nuevo Sistema de Justicia Penal, tales como la conformación de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB); la creación de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC); la Reforma Constitucional que faculta al Congreso de la Unión para emitir la legislación única en materia procedimental penal; por mencionar las más relevantes. El 5 de febrero de 2014 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 407 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones, el Código Nacional de Procedimientos Penales para homologar los criterios para la investigación, el juicio y la sanción de los delitos tanto en el orden federal como en el fuero común. (MILENIO, 2014).