El trabajo desarrollado por los operadores jurídicos dentro del sistema procesal penal de naturaleza oral y acusatoria se ha visto mermado en el ámbito de su eficiencia y eficacia, debido a un conjunto de anomias normativas, destacando principalmente la insuficiente capacitación de los operadores jurídicos y la lenta comprensión y adaptación al cambio de cultura jurídica. Por ello, la argumentación jurídica se propone como una herramienta facilitadora del desarrollo y perfección de competencias, habilidades y destrezas al interior de la labor jurisdiccional que fortalecerá, además, los perfiles procesales de las partes en el juicio oral penal. Las debilidades que se observan en los operadores, tanto procesales como jurisdiccionales, ponen en evidencia la eficacia y eficiencia del nuevo sistema del derecho penal adjetivo. Se hace necesario que los esfuerzos de los responsables antes citados, tanto externos como internos, sean comprendidos por todos sus destinatarios, incluyendo a la ciudadanía en general, para que los principios internacionales consagrados en los principales instrumentos en materia de derechos humanos (acceso a la justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva, pro homine entre otros más) sean una realidad y no un simple texto legalista. La confianza de la población hacia este nuevo sistema procesal penal deberá comprobarse mediante estándares o parámetros que midan la eficacia y la eficiencia de los administradores de justicia penal en todos sus niveles, sin embargo la principal preocupación para el debido funcionamiento de este complejo régimen punitivo en su ámbito adjetivo, se encuentra en sus principales operadores: agentes del Ministerio Público hoy llamados fiscales y la defensa que puede ser oficial o particular. Sin desestimar el importante papel que desempeña el órgano jurisdiccional como principal responsable no sólo del debate, sino también de aplicar los estándares de eficiencia y eficacia a través de un adecuado régimen de control de convencionalidad en sede interna, bajo la interpretación adecuada, acertada y convencional de los derechos humanos consagrados en el texto constitucional y en los principales instrumentos internacionales en esta materia en el orden de la globalidad jurídica. En el presente libro se destacan, en primer término, un estudio de las principales teorías de la argumentación jurídica existentes en el ámbito universal, sin embargo se ha decidido desprenderse del marco rigorista de los contemporáneos textos en materia de argumentación jurídica, caracterizados por la extensa y complicada explicación de la fenomenología que circula alrededor de los argumentos lógicos y sus respectivas características. No obstante, reconocemos que los argumentos más utilizados en la actividad del derecho procesal penal son el deductivo y el inductivo que bien pueden manejarse como métodos auxiliares de la ciencia jurídica, los cuales son utilizados desde las primeras audiencias preliminares y en la preparación del juicio oral. La aplicación de la argumentación jurídica permite desentrañar argumentos falaces que bien pueden ser advertidos por el litigante, sea fiscal o defensor; esa habilidad le permite, además, anticiparse y descubrir la estrategia que su contraparte pretenda hacer efectiva con el objeto de obtener ciertas ventajas durante el desenlace del juicio. Las destrezas desplegadas convierten a uno y otro en verdaderos adversarios, dotados y capacitados para utilizar las herramientas de la argumentación como medios para obtener éxito en su labor técnica de partes procesales dentro del juicio oral y con ello salir avantes en defensa de los intereses de la parte que representan. Sin embargo en la presente obra no estamos limitados a la repetición de argumentos, explicaciones, ejercicios y ejemplos para determinar los diferentes métodos y argumentos lógicos en el uso de la argumentación jurídica.

INDICE: