La presente investigación aborda el tema sobre la referencia histórica de la controversia constitucional, desde la perspectiva de las reformas al artículo 105 de la Constitución del año 1995, que dieron cambios importantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales otorgaron facultades propias de un Tribunal Constitucional. Asimismo, se estudia la naturaleza de dicho medio de control, los medios de control constitucional, el control de la regularidad, la asignación de competencias, el análisis conceptual y estructural, que consiste en la sustanciación del procedimiento constitucional de la controversia constitucional. De igual forma, se analizan los tipos de sentencias, la suspensión, la justicia provisional o medias cautelares, el peligro en la demora o perriculum in mora, la apariencia del buen derecho o fumus boni iuris, los elementos básicos de la suspensión, y su reflexión en la controversia constitucional. Así también, se examina el tribunal constitucional en el sistema concentrado español, el recurso de inconstitucionalidad, la justicia provisional en el recurso de inconstitucionalidad español, los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas y, entre éstas, la sustanciación del trámite procesal en el recurso de inconstitucionalidad en España, desde una óptica del derecho comparado. Igualmente, se explora el tema la suspensión y sus parámetros de valoración, la ponderación de la apariencia del buen derecho en la suspensión de la controversia y el peligro en la demora en la misma, el otorgamiento de la garantía en la suspensión en la controversia constitucional. Por último, este trabajo de investigación tiene como propósito proponer la regulación de la suspensión en la controversia constitucional en México, planteado, como finalidad, que en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establezca por el legislador un catálogo especial completo de los supuestos de procedencia o improcedencia de la suspensión en la controversia constitucional, lo anterior, para otorgar certeza jurídica a las partes que inicien los juicios de controversias constitucionales, pues la legislación actual es omisa y ambigua al respecto, ya que se otorgan suspensiones utilizando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y se fijan garantías sin fundamento legal, provocando inseguridad.