Esta nueva edición se ocupa de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada el 15 de diciembre de 2011, que eliminó el requisito de la fijación de una cantidad mínima de capital social, por lo que será el que acuerden los socios. En la propia reforma se modificaron también los artículos 15, 16, primer párrafo, y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera para establecer que será la Secretaría de Economía la que autorizará el uso de las denominaciones o razones sociales.

De igual manera, se trata lo relativo a la reforma que establece (en concordancia con la Ley Federal de Correduría Pública) que tanto la creación como las modificaciones de las sociedades mercantiles se realizarán ante fedatario público, y no solamente ante notario, como se planteaba, desde su publicación en el año de 1934, en el texto original.

Asimismo, la obra se enriquece con la incorporación a la Ley Societaria de la sociedad por acciones simplificada, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de marzo de 2016, misma que da lugar al reconocimiento de la creación de entes jurídicos cuyas características principales son: que se pueden constituir con una o varias personas físicas; que su constitución se realiza sin la participación de fedatario público alguno, a través del sistema electrónico de la Secretaría de Economía en un formato prellenado; que se inscriben como las restantes sociedades mercantiles reconocidas por la ley en el Registro Público de Comercio; que no requieren de la constitución de fondo de reserva alguno; que la obligación de los socios es limitada, siempre que los ingresos totales anuales de tales entes no rebasen los cinco millones de pesos.

Destaca el hecho de que, salvo pacto en contrario, para la solución de controversias que surjan entre los accionistas, así como de éstos con terceros, deberán privilegiarse los mecanismos alternativos previstos en el Código de Comercio para sustanciarlas.