Es una obligación que impone el Estado a los profesionales y empresarios, la de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo, derivado de los convenios internacionales que México tiene firmados, principalmente con el Grupo de Acción Financiera Internacional; entre los sujetos obligados se encuentra la prestación de servicios de comercio exterior como agente y apoderado aduanal que promuevan por cuenta ajena, el despacho de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago; máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas o usadas; joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos; obras de arte, así como materiales de resistencia balística; estos sujetos también se encuentran en el supuesto jurídico de otras actividades vulnerables, mismas que han pasado inadvertidas en este sector; la obligación no solo consiste en presentar informes en el sistema electrónico por el cual se transmita la información de pedimento al SAT, además hay una serie de obligaciones adicionales cuyo incumplimiento es sancionado con la cancelación de la patente de agente aduanal más multas superiores a los 5 millones de pesos, por obligación mensual omitida. 

En resumen, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece un marco legal para combatir el lavado de dinero en México, y obliga a las empresas involucradas en comercio exterior a implementar medidas preventivas rigurosas, para asegurar que las transacciones sean transparentes y legales, y evitar el uso del sistema financiero y comercial para fines ilícitos.