EN LOS AÑOS RECIENTES, LAS CUESTIONES VINCULADAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, EL CONTROL CONSTITUCIONAL FRENTE A LOS EXCESOS DEL PODER Y LA NECESIDAD DE ENCAUSAR DENTRO DE PRINCIPIOS RACIONALES, ÉTICOS Y OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS QUE DIFUNDEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HAN PASADO A OCUPAR UN LUGAR DE PRIMERA IMPORTANCIA EN LA AGENDA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TODAS LAS REGIONES Y PAÍSES DEL PLANETA. A PESAR DE LOS DIFERENTES NIVELES DE DESARROLLO, DE LAS DESIGUALDADES EN LOS ORDENAMIENTOS CONSTITUCIONALES Y DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LOS DIVERSOS PODERES JUDICIALES NACIONALES, EL CONJUNTO DE PROBLEMAS QUE RODEA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, CONSTITUYE UN CAPÍTULO ESENCIAL Y PRIORITARIO DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. ACTUALMENTE, LOS ELEVADOS PRINCIPIOS, APROBADOS EN 1948, POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN PARÍS, Y CONTENIDOS EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS HAN SIDO RATIFICADOS POR LOS 192 PAÍSES MIEMBROS, ASÍ COMO LOS PACTOS APROBADOS EN DICIEMBRE DE 1966, RELATIVOS A LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y A LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.