SINOPSIS

La sociedad actual requiere de un cambio profundo y amplio en la cultura jurídica. Este cambio es posible generando espacios educativos institucionales que tiendan a fortalecer los ámbitos de competencia profesional a través de una sólida formación de los hombres y de las mujeres que tienen la alta encomienda de impartir justicia. El mayor reto que se visualiza en el estudio y en la aplicación del derecho es el de transformar los modelos educativos tradicionales de enseñanza que durante años han imperado en nuestra cultura. Formar a los que están encargados de impartir justicia es una responsabilidad compleja que tiene encomendada el Estado; por ello resulta relevante examinar los retos que implica la toma de decisiones en este escenario, para demostrar la pertinencia de proponer un modelo educativo acorde con la realidad concreta que contribuya a consolidar y visualizar en el devenir un perfil de juez garante de los derechos fundamentales y de los principios constitucionales del Estado de derecho. Hoy, como nunca, se necesita de una reforma integral de la justicia en México. Uno de los pilares fundamentales consiste en lograr la transformación de los poderes judiciales a través de mecanismos que hagan posible el desarrollo profesional en el ámbito de la impartición de justicia. En esta obra se parte de la premisa de que, sin una adecuada formación profesional, difícilmente se puede consolidar un sistema de carrera judicial de corte democrático. Por ende, se estudia y analiza desde una perspectiva dialéctica, el fenómeno de la formación judicial, en el plano normativo; examinándose, a partir de sus inicios, planteando su desarrollo, las tensiones y las implicaciones del sistema de carrera judicial en el plano de la realidad concreta, en aras de proponer el establecimiento de la Escuela Judicial, de modo que se pueda implementar un nuevo modelo educativo que permita mejorar los actuales procesos de formación en la judicatura, para contribuir al fortalecimiento de la carrera y de la independencia judicial y, desde luego, al desarrollo del constitucionalismo local. Las grandes transformaciones a nuestro sistema jurídico mexicano y la exigencia de justicia como una experiencia viva de nuestra condición humana así lo demanda.

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