EL DERECHO PENAL DEBE CREAR LIBERTAD. PARA LOGRAR SU OBJETIVO TAMBIÉN HA DE PREVENIR LOS DELITOS AL MISMO TIEMPO QUE MAXIMIZA LAS GARANTÍAS DE LA PERSONA HUMANA. A SU VEZ, LA CREACIÓN DE LIBERTAD SE TRADUCE EN RESTRINGIR DETERMINADOS DERECHOS CUANDO ELLO SEA INDISPENSABLE PARA PROTEGER LOS BIENES JURÍDICOS FUNDAMENTALES, ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN DESARROLLAR LIBREMENTE SU PERSONALIDAD.

UN FACTOR QUE LIMITA EL LIBRE DESARROLLO DE CIUDADANOS Y SOCIEDADES ES LA CORRUPCIÓN. ESTE FENÓMENO DELICTIVO ES, TAMBIÉN, UNO DE LOS PILARES EN LOS QUE SE BASA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA VULNERAR DERECHOS A ESCALA INTERNACIONAL. ES DIFÍCIL SOSTENER, HOY DÍA, QUE EXISTA CRIMEN ORGANIZADO SIN AFIRMAR, AL MISMO TIEMPO, QUE EN SU GÉNESIS SE ENCUENTRAN INMISCUIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PARTÍCIPES EN CASOS DE CORRUPCIÓN.

PARA ANALIZAR, DEBATIR Y PROPONER SOLUCIONES EN CONTRA DE ESTOS FACTORES QUE IMPIDEN LA EVOLUCIÓN SOCIAL, EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES DE MÉXICO Y EL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE LA CORRUPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA DE ESPAÑA, DIRIGIDO POR LOS PROFESORES NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA Y EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS, HAN GENERADO UNA ALIANZA ESTRATÉGICA DE LARGO ALCANCE. ESTA PUBLICACIÓN ES EL PRIMER RESULTADO DE ESE ESFUERZO CONJUNTO.