Las relaciones familiares no pueden continuar reguladas por normas con criterio privatista. El derecho familiar —en su evolución— ha logrado su autonomía creando, paulatinamente, principios y un perfil propios, pretendiendo fundamentalmente la protección del interés superior del núcleo familiar.

Es imperativo promulgar un Código de la Familia en el país, que actualice las instituciones (fuentes de la misma), como la relación paterno-filial, la originada por el parentesco, la patria potestad, el matrimonio y, sobre todo, el concubinato, hasta ahora con inconclusa legislación.

Es impostergable adecuar la legislación a la realidad social de la familia en México, pues la multiplicidad de ordenamientos de corte familiar que en últimas fechas se han promulgado en el país sólo provoca conflictos de leyes y confusión en su aplicación.

Por otra parte, resulta paradójico que habiendo jurisdicción familiar en la mayoría de las entidades federativas no exista todavía un procedimiento idóneo, cuyos principios rectores sean la sencillez y la oralidad, así como la especialización de los jueces, que daría como resultado una justicia familiar rápida y expedita y, sobre todo, un menor desgaste en las relaciones familiares.