Los altos índices de criminalidad revelan que la impartición de justicia penal que brinda el Estado mexicano en los ámbitos federal y estatal es ineficaz. La autora propone su fortalecimiento a partir de mejorar el desempeño de las personas funcionarias judiciales.

Para lograrlo, justifica que es útil, viable y un imperativo ético y político implementar el modelo organizacional denominado compliance -programa de cumplimiento normativo- que emplean las empresas, trasladándolo a la función judicial como herramienta acorde al sistema jurídico mexicano para vigilar y regular la actividad de quienes imparten justicia penal.

De los elementos del modelo organizacional destaca el mapa de riesgos para la actividad jurisdiccional penal que recopila las acciones legales que existen en el sistema jurídico mexicano para sancionar la actividad irregular, ilícita y delictuosa de las personas funcionarías judiciales, y que activan los mecanismos de sanción previstos en las áreas del derecho administrativo, derecho penal, así como ante los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamehcana de Derechos Humanos y la Corte Interamehcana de Derechos Humanos; incluida la responsabilidad del Estado porsu actividad irregular.

También, destaca su compatibilidad con el sistema anticorrupción, el derecho a la información, las normas jurídicas que imponen la obligación de transparentar los actos de autoridad y de gobierno abierto; elementos presentes en todo Estado democrático.

Lo anterior, en un recorrido por el proceso penal acusatorio, el cual se dilata o retrasa por la violación a los derechos fundamentales que integran el debido proceso.

Como nota relevante resalta, que el compilan ce trasladado a la función judicial penal dotará de vigencia a los principios y reglas que rigen el proceso penal. de ese modo, reducirá los espacios de discrecionalidad de quienes imparten justicia, donde aquellos alcanzan una función estabilizadora y crean lex artis.